Ha trascendido desde el sector justicia, entre otras reformas legales del régimen de las inversiones, la pretensión de eliminar el arbitraje como medio de solución de controversias en los contratos donde es parte el Estado.

Reemplazar el actual régimen por la sede judicial es imposible racionalmente vista la parálisis actual de la justicia en el Perú que luce carencias abrumadoras. Dicha pretensión solo puede tener origen y justificación por lo tanto desde el plano ideológico.

En efecto, en la región los países que no optan por el desarrollo del arbitraje son los de corte estatista dado su desinterés en ser atractivos para la inversión privada nacional y extranjera, desincentivándola al no brindar el Estado las garantías de predictibilidad y seguridad jurídica mediante la celeridad y también la especialización que conlleva el arbitraje en contraste con la lentitud y conocimientos en sede judicial de una materia que constituye una especialización dentro de otra, esto es el régimen legal contractual público enmarcado en el derecho administrativo y supletoriamente en el privado, disciplina que responde a una estructura y principios particulares.

Pretender eliminar la vía arbitral cuando somos pioneros en ello respecto de las normativas de contratación pública a nivel iberoamericano, constituye colocar lo ideológico por sobre la realidad.
Debe decirse que no se puede justificar las pretensiones de eliminación de la sede arbitral en los contratos del Estado señalándose casos de corrupción, no solo porque ello también se verifica en lo judicial y en el aparato público mismo, sino sobre todo porque el régimen arbitral a pesar de sus deficiencias que vienen a ser nimias comparativamente y susceptibles de remediarse con una regulación adecuada, funciona de manera abrumadoramente superior como medio de solución de controversias que en los países donde se aplican procesos judiciales y en donde debe esperarse, en algunos casos, entre 5 o 10 años para una sentencia definitiva si no es que se opta por la transacción sospechosa con el poder.

Es imperativo desde la academia fomentar seminarios, conversatorios y debates respecto del arbitraje y de la propuesta de la sede judicial como medio para la solución de controversias contractuales con el Estado a fin de evidenciar lo inapropiado de esta propuesta. Nuestro actual sistema arbitral nos ha colocado como ejemplo en la región junto con la legislación colombiana, en cuanto al funcionamiento de un sistema que si bien tiene su origen en el derecho privado, ha podido adaptarse a lo público. Sería lamentable para el país y para nuestro derecho de los contratos del Estado, retroceder lo avanzado.