1. A partir de la Ley N°20.880 sobre la probidad de la función pública, ¿cuál (es) son las principales exigencias ético-normativas que se plantean para resguardar la integridad pública?
La ley Nº 20.880 tiene una gran virtud que es regular de forma unitaria y transversal la Declaración de Intereses y Patrimonio instrumento preventivo sancionado por el legislador para salvaguardar la probidad en la función pública. De este modo, la citada Declaración se constituye en una obligación general para las más altas magistraturas de los órganos del Estado. Ahora bien, este instrumento no es nuevo (existía, pero solo en el ámbito de la Administración del Estado) sino que ahora la ley lo extiende al conjunto de la organización estatal, perfecciona las exigencias de lo que se debe declarar, las hace indubitablemente públicas y sobre todo responsabiliza a la Contraloría General de la República para verificar la veracidad de lo declarado. Complementariamente, la citada ley también regula el mecanismo que puede operar en algunos casos en que las magistraturas públicas deban cumplir con la exigencia de delegar la administración de sus bienes en un tercero (fideicomiso ciego) o cuando deban enajenar los bienes que le generan conflictos de intereses con la función pública que cumplen.
2. Según Transparencia Internacional, Chile habría descendido dos puestos en la clasificación general sobre países con menor corrupción en el 2017. ¿A qué se debería dicho resultado?
Chile sigue estando a la vanguardia de los países mejor ubicados en los índices con menor corrupción, no obstante, efectivamente, ha descendido varios puestos últimamente. Lo importante es que esta caida se frene y se recupere la mejor percepción que le caracterizaba. Entre las causas que podemos señalar de este descenso en la clasificación, podemos identificar el exitoso sistema de transparencia pública que ha impulsado el periodismo de investigación. De este modo, se han logrado sacar a la luz pública casos de corrupción con un alto impacto mediático debido a que han involucrado instituciones altamente valoradas socialmente (ej. Carabineros, Fuerzas Armadas), así como, en otros casos, han conllevado violaciones de derechos de personas vulnerables (menores bajo custodia del Servicio Nacional del Menor) o bien, han evidenciado la consabida práctica irregular del financiamiento de los partidos políticos y del gasto electoral. A ello, se han sumado casos de corrupción privada a través de prácticas colusivas (de las farmacias, de los pollos, papel higiénico) que han generado sobre ganancias por extensos períodos de tiempo gravando a la sociedad en su conjunto. Todos estos casos, han generado no solo un gran rechazo social sino que han exacerbado la desconfianza en las instituciones afectando la valoración que antes se tenía de ellas.
3. ¿Qué retos tendría que afrontar Chile para reducir la percepción negativa de los ciudadanos respecto a la función pública y las instituciones públicas?
Básicamente la recuperación de la confianza en las instituciones pasa por la elevación de los estándares de transparencia en todo nivel, tanto pública como privada. Se necesita mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para que ésta sea oportuna e incidente. Fomentar una ciudadanía informada y crítica que tenga acceso a información de calidad. Las altas autoridades deben predicar con el ejemplo cumpliendo sobradamente las exigencias éticas existentes, resolver adecuadamente los conflictos de intereses, mejorar la rendición de cuentas y ser más previsibles para los ciudadanos y los agentes económicos, porque todo ello mejora la certeza y la confianza en las instituciones.
