El pasado 5 de noviembre la Comisión de Investigaciones y Actualidad Jurídica del CDA tuvo el agrado de organizar el conversatorio “¿La reactivación post-pandemia puede ser verde?”. La videoconferencia estuvo a cargo de especialistas con amplia trayectoria en la materia – Pablo Peña, Pedro Gamio y Vanesa Cueto-, quienes abordaron la problemática desde diferentes aristas, pero con una idea en común: la necesidad de incluir las políticas medioambientales en el proceso de reactivación económica que afrontamos. A partir de la discusión planteada en el conversatorio, el presente artículo tiene como objetivo recoger los principales aportes expresados por los panelistas.
Consideramos que uno de los puntos más importantes fue el planteado alrededor de los incentivos otorgados a los particulares, por la inclusión de medidas ambientales en el desarrollo de sus actividades. La inclusión del carbon pricing en el sistema tributario fue señalado como una forma de reducir el uso de combustibles altamente contaminantes. Dicha medida busca generar impactos sobre el impuesto selectivo al consumo. Así, la idea es que el uso de combustibles con altos índices de nocividad tengan un pago mayor frente a aquellos que resultan menos contaminantes. De acuerdo a lo señalado durante el conversatorio, la incorporación de esta medida ya viene siendo evaluada por parte del MINAN y del MEF; sin embargo, a pesar de no ser una propuesta compleja, esta aún no ha sido incorporada.
Nos parece importante la mención que se realizó acerca de los incentivos en la movilidad sostenible. La propuesta radica en la necesidad de incluir criterios verdes en la selección de las unidades a ser utilizadas como parte del sistema de transporte. Entonces, se planteó la relevancia de que la Autoridad Nacional de Transporte (ATU) integre dichos criterios en las licitaciones de los nuevos buses, ya sea a través de medios legales o recurriendo al uso de medidas regulatorias.
Así mismo, se aludió a la problemática que gira en torno al acceso a la energía eléctrica y el impacto que esta genera en el derecho fundamental a la educación. Así pues, el uso de energías renovables representa una forma viable de permitir que quienes viven en las zonas más alejadas de nuestro país puedan utilizar medios electrónicos e internet para continuar cursando el año escolar virtualmente. La pandemia del Covid-19 solo ha acentuado la brecha de acceso a energía ya existentes y cuyos principales son los escolares más desfavorecidos. La incorporación de paneles solares se propugna como respuesta frente a estas necesidades, pues traería como resultado dar el salto cualitativo tan urgente que se necesita.
Finalmente, se señaló que la reactivación debe introducir desde su planificación instrumentos medioambientales y criterios de índole social. La inclusión de estos elementos deben priorizarse en los discursos y políticas de los diferentes sectores. Ello debido a la necesidad de incluir evaluaciones ambientales estratégicas, tema que en los últimos años ha sido dejado de lado y que la pandemia no ha hecho más que resaltar.
En conclusión, es de vital importancia poner en discusión la importancia de introducir herramientas verdes en la reestructuración económica, pues esta no solo responde a un uso más adecuado de los recursos, sino que además estas constituyen medios que permiten el disfrute de otros derechos, como, por ejemplo, el derecho a la educación y a la salud. La incorporación de estas medidas demanda que nuestro legislador inicie en dicha tarea en aras de de establecer vías legales y el marco regulatorio necesario para una progresiva inclusión de factores medioambientales en los proyectos de los diferentes sectores que empiezan a reiniciar sus actividades.
