A pocos meses de conmemorarse los doscientos (200) años de nuestra independencia, resulta oportuno recordar cómo hemos avanzado las mujeres en el desarrollo de la noble profesión del derecho, en particular, la presencia de las abogadas en el aparato público, y como su trabajo viene aportando con la reducción de las brechas de género, la de infraestructura y servicios públicos, así como con la generación de empleo.
El camino no ha sido llano, ya que incluso después de la independencia, solo las mujeres adineradas recibían una educación básica para casarse u optar por ser monjas, y las menos favorecidas económicamente no tenían acceso a la educación, estando destinadas, únicamente, al servicio doméstico. Afortunadamente, esa limitación al proyecto y desarrollo de vida femenino ha ido cambiando gracias a mujeres y hombres que creyeron y creen en el derecho a la igualdad y en la justicia de las oportunidades para el bienestar colectivo.
De hecho, hace ciento cuarenta y seis (146) años, María Trinidad Enriques, luego de una gran lucha por sus derechos, contando con el apoyo del presidente de la época, fue la primera mujer en cursar estudios universitarios, tal fue su entrega y perseverancia por la igualdad de los derechos de las mujeres que logró dejar el camino trazado para que hoy, podamos, ser profesionales en derecho y/o en cualquier otra carrera, por ello, con todo mérito a esta gran mujer se le considera prócer del feminismo.
A partir de ello, distintos esfuerzos se vienen desplegando para hacer efectivo el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, y es que tal como lo establece nuestra Constitución Política: nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Precisamente, bajo dicho marco, el Estado ha suscrito y ratificado tratados y compromisos internacionales sobre derechos humanos en materia de igualdad y no discriminación: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará), Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995).
Del mismo modo, conforme a la Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, los tres niveles de gobierno (ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, metropolitana, provinciales y distritales), deben adoptar políticas, planes y programas con metas de igualdad en favor de las mujeres. Por ello, la Política de Estado N° 11 del Acuerdo Nacional[3] establece el compromiso de combatir toda forma de discriminación, fortalecer la participación de las mujeres como actoras sociales y políticas, y darles acceso equitativo a recursos productivos y empleo.
En correspondencia a estas políticas de Estado, valiosas abogadas han tenido la oportunidad de trascender en el derecho público, y ser la inspiración para que otras mujeres podamos seguir apostando y ganándole a las desigualdades.
Poniendo ejemplos, tenemos a la abogada Beatriz Merino Lucero[4] que en el año 2003 se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia del Consejo de Ministros; y tras su destacada participación, reconocido prestigio, y credenciales académicas, también, logró ser elegida como la primera Defensora del Pueblo del 2005 al 2011; no obstante, públicamente, ha declarado lo siguiente: «Que algunas hayamos tenido más oportunidades no significa que la mujer esté donde debe estar», esta frase es trascendental ya que en efecto, estamos de acuerdo con la cuota de género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
En cierta medida, necesitamos más oportunidades para participar no solo en la gestión pública, la docencia en derecho administrativo, sino en la vida política misma, no basta el poder elegir, también debemos poder ser elegidas, y trabajar aún más por las cuotas de género y dar oportunidades reales a las mujeres que deciden participar liderando el país, su partido político, un gobierno regional o una municipalidad.
De todos modos, debemos ser conscientes de los aspectos positivos de nuestra sociedad, los cuales han permitido, tener a una mujer liderando la cartera de inversiones del país. De hecho, la abogada Cayetana Aljovín, en el año 2009 fue la primera Directora Ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION, encargada de promover los proyectos de infraestructura y servicios públicos mediante Asociaciones Público Privada (APP), Proyecto en Activos (PA) y Obras por Impuestos (OxI) de los ministerios y gobiernos descentralizados.[5]
Durante su gestión resaltan importantes proyectos adjudicados como[6]: i) la Red Vial N° 4: Pativilca-Casma-Trujillo, ii) la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada, iii) el Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera: Huaral-ACOS-Vichaycocha, iv) Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún en Lambayeque, v) Banda Ancha para Localidades Aisladas- BAS.
En el sector Transportes y Comunicaciones, también destacan dos abogadas que asumieron dicha cartera: Verónica Zavala del 2006 al 2008 y María Jara durante el 2019, aunque la primera ministra fue la ingeniera civil Elsa Carrera, en los años de 1996 al 1997. No cabe duda, que estamos ante mujeres valientes que supieron aprovechar las oportunidades, y con sus capacidades contribuyeron con el cierre de la brecha de género y la visión de nuestra sociedad, la cual aún demanda la atención del aspecto familiar en mayor proporción a la del varón.
Por su parte, en lo que a la administración de justicia respecta, tenemos a la abogada Elvia Barrios quien, el año pasado fue nombrada Presidenta del Poder Judicial, siendo la primera mujer en asumir dicho cargo desde la creación de este organismo en el año 1825.
Otro dato importante de finales del 2020, es sobre Luz de Fátima Eyzaguirre, quien se convirtió en la primera rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), siendo, una vez más, la primera mujer en asumir dicho cargo. No cabe duda de que, las mujeres estamos logrando un reconocimiento académico, sobresaliendo y asumiendo cargos que, tradicionalmente, eran ocupados solo por varones.
En ese sentido, es innegable, que las mujeres estamos logrando un mayor reconocimiento y trayectoria, ocupando cargos que no hace muchos años estaban negados para nuestro género. Sin embargo, debemos seguir en la lucha contra ciertos prejuicios que hacen que aun exista una brecha en el crecimiento y desenvolvimiento de las mujeres. Sobre ello, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, señala como un objetivo nacional la “plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas”, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
A partir del marco legal y de la política pública descrita, podemos afirmar que hemos avanzado, al menos en el papel, y con una participación efectiva de algunas mujeres, con la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón de género; sin embargo, es una tarea sin descanso, y que nos pone mayores retos a los logrados en la administración pública.
Es más, un dato sustancial para evidenciar que la brecha de género en materia de estudios de derecho se está cerrando, se muestra en la siguiente estadística del INEI[7] publicada el año 2019, mediante el cual se explica que la distancia entre el número de hombres y de mujeres estudiantes –prácticamente- no existe, si se promedian los ocho años analizados (2011 – 2018).
Fuente: INEI, 2019.
Esta información es relevante, toda vez que, se requiere contar con profesionales de derecho dispuestos a servir al país, tanto en el cumplimiento de las políticas de cierre de brechas en favor de mejorar nuestra competitividad como país, como en la vida política, en gestión pública, legislación o administrando justicia.
Al respecto, resulta adecuado considerar que durante la última década, el promedio de ejecución de inversiones de los tres niveles de gobierno, ha sido poco menos del 70% presupuestado según estadística del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, lo cual es insuficiente si queremos cerrar la brecha de infraestructura básica estimada por el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad[8] en 363 mil millones de soles comparándonos con países desarrollados.Sumado a ello, se debe dar a conocer que el MEF elaboró una estadística[9] sobre los proyectos de inversión pública que se encuentran destinados a cubrir la política de enfoque de género, igualdad de oportunidades, y protección de niñas y niños del 2001 al 2011 que aún siguen pendientes de evaluación y/o ejecución, conforme se observa en el siguiente cuadro.
Fuente: MEF, 2011.
En consecuencia, queda claro que las oportunidades para el desarrollo profesional de las abogadas en el derecho administrativo, tiene un sinfín de posibilidades, lo trabajado significa un gran aporte para nuestra profesión, y principalmente para la administración pública; confiamos en que las oportunidades continúen siendo cubiertas con un enfoque de género a favor del bienestar de nuestra sociedad
[1]Abogada – UPLA, post grado en derecho público – PUCP, magíster en finanzas y derecho corporativo – UESAN, programa superior de APP sanitarias y socio sanitarias IE BUSINESS SCHOOL, socia del área de infraestructura del ESTUDIO MUÑIZ.
[2] Agradezco la participación de Valeria Chozo, estudiante de derecho – UP, practicante del área de infraestructura del ESTUDIO MUÑIZ.
[3] Es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. La suscripción del primer Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002. Recuperado de https://www.acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/definicion/
[4] Beatriz Merino Lucero. (s.f.) Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/defensores/beatriz-merino-lucero/
[5] Organización de Agencia de Promoción de la Inversión Privada. (s.f.) Recuperado de https://www.gob.pe/8320-agencia-de-promocion-de-la-inversion-privada-organizacion-de-agencia-de-promocion-de-la-inversion-privada
[6] ProInversión espera captar inversiones por US$ 4,140 millones con proyectos pendientes de concesión. (s.f.) Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=221078
[7] Capítulo 5: Profesiones o Carreras Universitarias. (INEI). Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1680/cap05.pdf [Versión PDF]
[8] Aprobado mediante Decreto Supremo 238-2019-EF.
[9] Artículo Especial: El enfoque de género en los proyectos de inversión pública (MEF). Recuperado de https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/boletines/boletines_pi/boletin4/articulo_especial.pdf
Referencias virtuales:
- Pásara, L. (2004). “La enseñanza del derecho en el Perú: su impacto sobre la administración de justicia”. Recuperado de http://www.justiciaviva.org.pe/acceso_justicia/publicaciones/facultades_de_derecho_pasara.pdf [Versión PDF]
- Capítulo 5: Profesiones o Carreras Universitarias. (INEI). Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1680/cap05.pdf [Versión PDF]
- Trinidad Enríquez, la primera abogada del Perú. (s.f). Recuperado de https://manoalzada.pe/cultura/trinidad-enriquez-la-primera-abogada-del-peru
- Artículo Especial: El enfoque de género en los proyectos de inversión pública (Ministerio de Economía y Finanzas-MEF). Recuperado de https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/boletines/boletines_pi/boletin4/articulo_especial.pdf [Versión PDF]
- ¿Cómo incrementar la participación de la mujer en proyectos de infraestructura? (s.f) Recuperado https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/06/18/como-incrementar-la-participacion-de-la-mujer-en-proyectos-de-infraestructura
