El gobierno, mediante decreto supremo No 008-2021 ha dispuesto que se creen centros de retención temporal para los ciudadanos que no cumplan con la inmovilización social obligatoria en las regiones de riesgo extremo del 31 de enero al 14 de febrero, dispuesta por el gobierno.
Estos centros estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con los directores de los gobiernos locales y regionales, además, contará con la participación del personal del Ministerio de Salud, para descartar a portantes del covid-19 y evitar la propagación del virus en estos recintos.
Las personas serán intervenidas por infringir las reglas sanitarias y desacatar el mandato de inmovilización social, a excepción de los que cometan otro tipo de delitos, los cuales serán procesados de acuerdo a la ley de la materia correspondiente. Para estos fines, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tienen permitido hacer verificaciones e intervenciones a las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos, para verificar que se cumplan con las medidas establecidas.
Elaborado por Nadia Ibarra – miembro de la Comisión de Investigación y Actualidad jurídica
Bibliografía
Gestión (27 de enero de 2021)
