La región de Arequipa constituye uno de los centros económicos más importantes de nuestro país, siendo objeto de inversión privada en diversos sectores. La minería en esta región no ha sido ajena a dichas inversiones, así en 1994 empezaron los primeros trabajos de explotación del Proyecto Minero Tía María. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de extracción cuprífera en nuestro país, el cual se encuentra a cargo de Southern Peru Copper Corporation del Grupo México. El objetivo es la explotación de dos minas a tajo abierto: Tía María y La Tapada, ambas ubicadas en la provincia de Islay, distrito de Cocachacra. Entre los beneficios ofrecidos por la empresa encontramos que el monto del canon y las regalías que recibiría Arequipa, una vez iniciado el proyecto, ascienden a S/.273 millones de soles anuales, así como esperan generar entre 3000 y 4000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y producción del proyecto. Sin embargo, a pesar de lo anteriormente mencionado, han transcurrido más de 25 años sin que el proyecto Tía María sea ejecutado. Cabe entonces preguntarse cuáles son los principales hechos de uno de los proyectos mineros más controversiales de las últimas décadas.

La distancia entre el proyecto minero y el Valle de Tambo es una de las causas principales de descontento social; se estima que la instalación más cercana del proyecto se ubica a 3 kilómetros del área mencionada. No obstante, para los pobladores de Islay, cuya base económica está estrechamente relacionada a actividades agrícolas y ganaderas, esta distancia no parece ser lo suficientemente lejana y segura ya que temen la posible producción de lluvias ácidas, la dispersión del polvo de la mina, la contaminación del río Tambo, entre otras consecuencias. Bajo el lema de “Agro sí, minas no”[1], la protesta inició como conflicto social activo en octubre de 2013[2]. Respecto a este punto, cabe traer a colación el concepto de licencia social. Si bien esta última no es de naturaleza jurídica, ni forma parte de nuestro ordenamiento, sí representa un punto de especial consideración en este tipo de proyectos de inversión. La licencia social equivale a una aprobación constante o, por lo menos, amplia aceptación de la comunidad local y sus grupos de interés[3]. De esta forma, la confianza de la población y la legitimidad del proyecto minero son ideas subyacentes a dicha licencia. En el caso de Tía María, la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo se ha pronunciado al respecto mediante su presidente, quien ha declarado que este proyecto nunca tendrá la licencia social, ni gozará de la confianza de los pobladores[4]. Por lo tanto, es un punto que el Estado y Southern Peru deben continuar trabajando.

Sobre el primer estudio de impacto ambiental (en adelante, EIA), debido al acuerdo firmado, en el año 2010, entre el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos Sociales (UNOPS por sus siglas en inglés), esta última se comprometió a revisar 100 EIA del sector energético y minero durante el plazo de un año. Así, el MINEM publicó la resolución directoral N°398-2010, mediante la cual encargó a la UNOPS la revisión del EIA del proyecto Tía María. Los resultados del estudio realizado por la UNOPS fueron publicados en marzo del 2011 y concluyen en 138 observaciones al EIA, demostrando las deficiencias del mismo.

Así, las observaciones del primer EIA incrementaron la desconfianza en la población. Como se mencionó anteriormente, el proyecto ya estaba ligado desde sus inicios a múltiples manifestaciones. Durante los enfrentamientos del año 2011, la violencia devino en 3 muertes y más de 200 heridos[5]. La protesta se extendió por siete semanas, acarreando la intervención militar en las localidades protagonistas de los enfrentamientos. Por todo ello, el proyecto estuvo paralizado durante un par de años.

Posteriormente, en el año 2014, Southern Peru presentó un segundo EIA, en el que afirmaba haber superado las observaciones realizadas al primero. Este fue aprobado mediante la Resolución Directoral N° 392-2014.MERM/DGAAM de fecha 1 de agosto de 2014 por la Dirección General de Minería del MINEM. Entre los puntos más importantes de este segundo estudio se encontraba la construcción de una planta desalinizadora. Frente a los conflictos ocasionados por el posible uso y contaminación del agua del río Tambo, se planteó emplear el agua del mar, la cual sería tratada en una planta desalinizadora que la convertiría en apta para el uso minero. La tecnología utilizada para dicha planta evitaría la generación de relaves y, de esta manera, se restringiría el uso del agua de la cuenca del río Tambo. No obstante, la población de Islay teme una posible conexión entre las aguas subterráneas con el río.

En los últimos meses, mediante la Resolución Directoral N° 318-2019 del 8 de julio de 2019, la Dirección General de Minería del MINEM autorizó el inicio de la construcción de la planta de beneficios de Tía María, en la cual se procesará el mineral. Cabe resaltar que dicha autorización no implica el permiso para que la mina comience a operar. Frente a ello,  Elmer Cáceres, gobernador regional de Arequipa, presentó el 19 de julio ante el Consejo de Minería, última instancia administrativa en asuntos mineros, un recurso de revisión. Además, la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y la Junta de Usuarios del Valle del Tambo presentaron otros dos recursos de revisión. La respuesta inmediata del colegiado se manifestó mediante el auto de sala 0-14/2019-Minem/CM del 9 de agosto del presente año, en el que suspendió la licencia de construcción de la planta de beneficios mientras se resolvían los recursos administrativos mencionados[6].

La decisión final del Consejo de Minería resolvió declarar infundada la pretensión que solicitaba la suspensión de la licencia. Sin embargo, el descontento de la población generó que presentaran ante el Poder Judicial una medida cautelar que busca paralizar la construcción de la planta. Uno de los principales argumentos para oponerse a la licencia es el referente a que el tajo de La Tapada se encuentra a 800 metros del río Tambo. Hasta el momento, el juzgado no se ha pronunciado, por lo  que Southern Peru espera comenzar la ejecución de la obra.

En conclusión, el proyecto minero Tía María continúa en el ojo de la tormenta, mientras la licencia social se encuentra lejos de ser otorgada y los conflictos han generado 7 muertes hasta la actualidad, el proyecto no parece viable en Islay. No se puede dejar de considerar las recientes declaraciones del actual presidente de la Republica, Martín Vizcarra[7], quien ha manifestado su negativa a que el proyecto se lleve a cabo durante su gobierno mientras las condiciones sociales no estén dadas. Entonces, resulta de vital importancia destacar el rol del diálogo entre la población, la empresa y el Estado en aras de concretar un proyecto, que correctamente desarrollado, podría contribuir a la mejora de la región Arequipa y de nuestro país.

Elaborado por Cristhina Villafranca Florián, Directora de la Comisión de Investigaciones y Actualidad Jurídica

[1] https://elpais.com/internacional/2019/07/11/america/1562881891_231232.html

[2] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-185-Julio-2019.pdf

[3] http://prometheo.pe/donde-esta-regulada-la-licencia-social/

[4] https://gestion.pe/economia/dirigente-del-valle-de-tambo-tia-maria-nunca-va-a-tener-licencia-social-noticia/?ref=gesr

[5] https://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/estallo-tia-maria-noticia-25146

[6] https://www.expreso.com.pe/politica/suspenden-permiso-de-construccion-de-tia-maria/

[7] https://rpp.pe/politica/gobierno/tia-maria-martin-vizcarra-dice-que-proyecto-minero-no-va-en-su-gobierno-no-estan-dadas-las-condiciones-noticia-1242550