La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (en adelante, SNMPE) ha afirmado que el sector de hidrocarburos está “al borde del colapso” como resultado de la caída del precio del petróleo, la pandemia del COVID-19 y la persistente conflictividad en el circuito petrolero de la selva norte.
En consecuencia, la SNMPE señaló que los principales retos que debe enfrentar el reciente gobierno de Francisco Sagasti, para revertir la grave crisis que sufre esta industria, es impulsar un marco regulatorio promotor de la inversión, eliminar las trabas burocráticas y reducir la conflictividad social que se produce en las zonas donde se ejecutan las actividades extractivas.
Al respecto, Pablo de la Flor, director ejecutivo del gremio, sostuvo que “con un monto acumulado de apenas US$200 millones en los ocho primeros meses del presente año, la inversión ha caído a la mitad de los niveles que se alcanzaron durante el mismo periodo en el año 2019 debido a que las actividades exploratorias han quedado prácticamente suspendidas”.
También añadió que se requiere adoptar medidas inmediatas y urgentes que impulsen la reactivación de la industria y con ello recuperar la producción de petróleo y gas. De lo contrario, no sería posible asegurar la supervivencia del sector ni garantizar la cadena de pagos y menos impulsar la recuperación de las regalías, canon y sobre canon que recibe el gobierno central y regional.
De otro lado, respecto a la conflictividad social en la Selva, la SNMPE denunció que continúan los ataques y la ocupación ilegal de estaciones petroleras en la región Loreto, lo que dificulta la continuidad de las operaciones por falta de garantías y seguridad. De ahí que, la situación ha provocado la paralización de la casi totalidad de la producción de hidrocarburos en la Amazonía.
Por ejemplo, el representante de la SNMPE explicó que desde hace casi 2 meses la estación 5 y la estación Morona de Petroperú permanecen tomadas por manifestantes que han cortado la producción y obligado a la petrolera estatal a paralizar las operaciones del Oleoducto Norperuano (ONP), sin que hasta la fecha las autoridades competentes hayan actuado para recuperar las instalaciones.
De acuerdo con De la Flor, la conflictividad que se vive en el circuito petrolero se ha suscitado porque algunas comunidades reclaman al Estado la atención de demandas sociales vinculadas a servicios públicos básicos que no tiene relación alguna con la actuación de las empresas.
Al respecto, Jaime Gálvez, ministro de Energía y Minas, anunció que su gestión trabajará en aplicar una mejor política social para impulsar las inversiones en el sector de hidrocarburos. Agregó que para ello se realizarán actividades de remediación de sitios contaminados por la actividad petrolera y el cierre de brechas sociales a lo largo del Oleoducto Norperuano, entre otras acciones.
Fuentes:
Elaborado por Dionel Maita Uría, miembro de la comisión de Investigaciones y Actualidad Jurídica.
